En el Congreso de Colombia cursa una iniciativa que pretende implantar el voto obligatorio en Colombia. En el momento que se publica este post todavía no ha sido aprobada definitivamente. En mi concepto el voto obligatorio tiene la ventaja que hace más difícil para los caciques clientelistas llegar a ocupar una curul o un puesto de elección, porque el electorado aumenta en número, y el voto de opinión también aumenta. Ahora bien, obligar a votar es un contrasentido de cierta forma en la democracia, en la cual hay "libertad de elegir" incluso de no votar. Posiblemente los defensores del voto obligatorio dirán que se puede hacer pero en "blanco", sin embargo, recordemos que nuestras leyes sí le dan un efecto jurídico al voto en blanco, mientras que la abstención de cierta forma deslegitimiza todo el proceso. En países como Perú funciona el voto obligatorio, habría que ver cómo les ha ido con esta figura ajena al contexto colombiano. Por mi parte pienso que la democracia también implica, incluso, la posibilidad de que yo vote o no ( aunque siempre lo hago), y que el esfuerzo debe estar encaminado a educar para crear una mejor conciencia política.
REFLEXIÓN SOBRE EL DEBIDO PROCESO Y LA JUSTICIA
En los medios de comunicación de Colombia hemos visto últimamente cómo se han dejado en libertad a ciertas personas que presuntamente han cometido actos delictivos graves, por razones de respeto al debido proceso. Aunque no es del caso entrar a discutir estas decisiones que se hacen con base en normas legales, y las cuales hay que acatar y respetar; es importante tener en cuenta que éste es un derecho fundamental ( el del debido proceso), pero que no se puede vulnerar la justicia por formalismos, o por excesivos formalismos. En nuestro país cuando se habla de excesivo formalismo, se utiliza el término de "santanderismo", sin embargo, más que "santanderismo", lo que hay en Colombia es exceso de respeto a las formas y no de legalismo, lo que puede llevar a afectar la aplicación de la justicia que es el fin en últimas. Hacemos un llamado a los legisladores colombianos para que se hagan ajustes en los procedimientos penales, y estos puedan cumplir con los propósitos de castigar a quienes afecten un bien jurídico tutelado de forma efectiva y certera.
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