Una de las cosas curiosas de la Constitución de Colombia de 1.991 son los sistemas de elección de funcionarios que no son elegidos por voto popular. Claro, hay servidores públicos que son de libre nombramiento y remoción, y otros son funcionarios de carrera.
Pero me llama la atención los sistemas que idearon los constituyentes de 1.991 para elegir a ciertos funcionarios, como el del Fiscal General de la Nación, que es elegido por la Corte Suprema de Justicia de una terna de candidatos presentada por el Presidente de la República; o el de los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República que son nombrados por el Presidente (aunque sólo se pueden nombrar dos cada cuatro años), el gerente es elegido por toda la junta, y el Ministro de Hacienda también interviene en la misma. Otras elecciones interesantes son las de Magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, que se hace por el sistema de semi-cooptación, es decir, el Consejo Superior de la Judicatura elabora unas listas de posibles candidatos que somete a las mencionadas corporaciones para llenar las vacantes. La elección de los miembros de la Comisión Nacional de Televisión es mucho más complicada, ya que intervienen diferentes autoridades, y lo mismo podremos decir de la elección de magistrados de la Corte Constitucional que la hace el Senado después de la presentación de unas ternas. El Procurador General de la Nación, el Contralor, el Defensor del pueblo, también tienen un sistema de elección diferente.
Lo que quiero decir es que la Carta Magna colombiana determina unos mecanismos muy creativos para la elección y designación de ciertos cargos, allí se tuvo en cuenta la participación de diferentes ramas del poder público, y la no concentración en un sólo funcionario u organismo en los sistemas de elección, que entre otras cosas son muy importantes para el sistema democrático, y para los frenos y contrapesos, de los que hablaba Montesquieu.
En Estados Unidos, la situación es menos complicada, pero allí también intervienen diferentes autoridades en el nombramiento de ciertos funcionarios, ya que el Presidente generalmente hace la postulación y el Senado hace la ratificación. Los jueces de la Suprema Corte, por ejemplo, son postulados por el Presidente y el Senado los ratifica, para un periodo vitalicio.
Yo pienso que estos sistemas son importantes para mantener los balances de poder, muy importantes en una democracia, sin embargo, hay que reconocer que en el sistema presidencialista, el Jefe de Estado y el Jefe de Gobierno al estar en cabeza de una sola persona tiene mucho poder, que debe ser balanceado por el control político que lleva a cabo el órgano parlamentario.
La Constitución de 1.991 fue muy creativa en estos sistemas de elección, en los periodos, y en la manera en la que intervienen diferentes autoridades en la postulación de nombres y en su elección, base para una democracia, ya que precisamente estos sistemas se deben mantener para evitar que una rama asuma mayores poderes que otra, o por lo menos más poderes de los que la Constitución le ha entregado.
El sistema democrático está basado en el principio de legalidad, y en el acatamiento de la Constitución, pilar fundamental del Estado de Derecho, por lo tanto, siendo la Constitución ese contrato primigenio entre los asociados, debe respetarse para no poder en peligro la democracia, logro admirable de la especie humana.
No importa los sistemas de elección que se adopten, siempre y cuando no pongan en peligro la frágil armonía institucional que debe primar para garantizar los derechos de los ciudadanos, y para proteger el Estado de derecho.
Pero me llama la atención los sistemas que idearon los constituyentes de 1.991 para elegir a ciertos funcionarios, como el del Fiscal General de la Nación, que es elegido por la Corte Suprema de Justicia de una terna de candidatos presentada por el Presidente de la República; o el de los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República que son nombrados por el Presidente (aunque sólo se pueden nombrar dos cada cuatro años), el gerente es elegido por toda la junta, y el Ministro de Hacienda también interviene en la misma. Otras elecciones interesantes son las de Magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, que se hace por el sistema de semi-cooptación, es decir, el Consejo Superior de la Judicatura elabora unas listas de posibles candidatos que somete a las mencionadas corporaciones para llenar las vacantes. La elección de los miembros de la Comisión Nacional de Televisión es mucho más complicada, ya que intervienen diferentes autoridades, y lo mismo podremos decir de la elección de magistrados de la Corte Constitucional que la hace el Senado después de la presentación de unas ternas. El Procurador General de la Nación, el Contralor, el Defensor del pueblo, también tienen un sistema de elección diferente.
Lo que quiero decir es que la Carta Magna colombiana determina unos mecanismos muy creativos para la elección y designación de ciertos cargos, allí se tuvo en cuenta la participación de diferentes ramas del poder público, y la no concentración en un sólo funcionario u organismo en los sistemas de elección, que entre otras cosas son muy importantes para el sistema democrático, y para los frenos y contrapesos, de los que hablaba Montesquieu.
En Estados Unidos, la situación es menos complicada, pero allí también intervienen diferentes autoridades en el nombramiento de ciertos funcionarios, ya que el Presidente generalmente hace la postulación y el Senado hace la ratificación. Los jueces de la Suprema Corte, por ejemplo, son postulados por el Presidente y el Senado los ratifica, para un periodo vitalicio.
Yo pienso que estos sistemas son importantes para mantener los balances de poder, muy importantes en una democracia, sin embargo, hay que reconocer que en el sistema presidencialista, el Jefe de Estado y el Jefe de Gobierno al estar en cabeza de una sola persona tiene mucho poder, que debe ser balanceado por el control político que lleva a cabo el órgano parlamentario.
La Constitución de 1.991 fue muy creativa en estos sistemas de elección, en los periodos, y en la manera en la que intervienen diferentes autoridades en la postulación de nombres y en su elección, base para una democracia, ya que precisamente estos sistemas se deben mantener para evitar que una rama asuma mayores poderes que otra, o por lo menos más poderes de los que la Constitución le ha entregado.
El sistema democrático está basado en el principio de legalidad, y en el acatamiento de la Constitución, pilar fundamental del Estado de Derecho, por lo tanto, siendo la Constitución ese contrato primigenio entre los asociados, debe respetarse para no poder en peligro la democracia, logro admirable de la especie humana.
No importa los sistemas de elección que se adopten, siempre y cuando no pongan en peligro la frágil armonía institucional que debe primar para garantizar los derechos de los ciudadanos, y para proteger el Estado de derecho.
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2 comentarios:
Si bien es cierto que la elección de funcionarios se hace de una forma muy "creativa", no deja de ser un poco enredado para el ciudadano de "a pie", la verdad me quedo con la elección por merito ("meritocracia" que llaman), o por lo menos con la buena intención de este método.
dr jekyll y mr hyde : 100 % de acuerdo contigo, pero lo importante no es el sistema si no las personas que aplican el sistema, saludos.
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