En el día de ayer, la Corte
Internacional de Justicia de La Haya desestimó las excepciones presentadas por
Colombia en las demandas que incoara Nicaragua ante ese organismo.
Colombia pidió a la Corte
declararse incompetente ya que el Estado denunció el Pacto de Bogotá por medio
del cual se remitían las controversias judiciales entre las partes a ese
organismo de justicia internacional. También afirmó que ya había cosa juzgada
por el fallo que el mismo tribunal emitió en 2012.
¿Qué está pasando en La
Haya? Que el tema ya está perdido lamento anunciarlo, ¿por qué? Porque el
tribunal de justicia internacional nos está aplicando la Convención del Mar de
1982.
En resumidas cuentas la
Convención del Mar es un instrumento jurídico que fue elaborado a instancias de
las potencias internacionales para limitar el espacio vital marítimo de los
países que no son potenciales mundiales. En este sentido, la realidad de la
globalización le está pegando a Colombia en la cara; la globalización es un
movimiento de monopolización del poder internacional, y por lo tanto los países
con hegemonía mundial no están dispuestos a permitir que otros Estados se
conviertan en potencias emergentes.
La utilización de normas
jurídicas para limitar el desarrollo económico, social, industrial y científico
de las naciones no es nueva. Por ejemplo, los tratados en el marco de la
Organización Internacional del Comercio son claras talanqueras para la
expansión económica de los Estados en vías de desarrollo, la protección a
ultranza de las economías domésticas de las potencias mundiales es el objetivo
principal de estos tratados. El Estatuto de Roma, del cual no hace parte
Estados Unidos, y que implementa la Corte Penal Internacional también es una
línea roja para los Estados que probablemente violan los derechos humanos en
confrontaciones bélicas o en conflictos internos como guerras civiles; todo
bajo la luz de la concepción del derecho humano de Occidente.
La tesis del dominio global
de Estados Unidos se ve traducido en tres posturas de política interna
norteamericana y que tiene como vertientes a las siguientes líneas de acción:
1. El hard power, o poder de acción directa a través de guerras e intervenciones
directas; 2. El soft power o poder blando a través de espionaje, y 3. El poder
normativo, o intervención en los Estados a través de normas jurídicas y
tratados internacionales.
Las convenciones
internacionales son el instrumento de dominación de la tercera postura; por lo
tanto, Colombia ya tiene perdido esa zona de diferendo con Nicaragua, la Corte
Internacional de Justicia de la Haya está aplicando la Convención del Mar de la
cual Colombia no hace parte, pero no para beneficiar al Estado centroamericano
sino para limitar a Colombia en su expansión marítima.
¿Esto lo sabe el gobierno
colombiano? ¿Lo sabe la élite colombiana? Probablemente sí; el expresidente
César Gaviria poco después de conocer la providencia del Tribunal de la Haya
sobre las excepciones previas presentadas por Colombia, aseguró: “Queremos
saber si Nicaragua o la Corte Internacional de La Haya le están aplicando la
Convención del Mar a Colombia”. ¿Esto qué quiere decir? Que la élite colombiana
sabe desde hace rato que esto se venía venir. Que las potencias internacionales
a través de normas jurídicas, en la política de dominación global, le están
aplicando a Colombia una limitante en su expansión marítima.
¿Qué ocurre con las
potencias? ¿A ellos no se les aplica la Convención del Mar de 1982? Pues no lo
necesitan, la Corte Internacional de Justicia de la Haya ha regañado, vapuleado
a Estados Unidos en diferentes fallos, pero a ellos no les importa, tienen el
ejército más poderoso del mundo y ellos imponen las condiciones cuando se les
da la gana (recordemos Iraq o Afganistán). El derecho internacional no es más
que un mecanismo de imposición de limitantes para los países que no son
potencias, en este caso Colombia.
¿Cómo Gran Bretaña puede
tener un territorio de ultramar tan lejos de sus costas como son Las Malvinas?
Porque Gran Bretaña es una potencia; porque ganó una guerra contra Argentina y
porque ha impuesto su hegemonía política frente a un país del tercer mundo como
lo es la Argentina.
Colombia debería ahorrarse
todo ese dinero que está gastando en abogados para defenderse ante la CIJ y
pensar hacia futuro, en cómo contarle a la gente que esa zona marítima se
perdió (aunque nunca fue de Colombia) y cómo empezar a sacar adelante a este
país sin ese diferendo limítrofe. El actual gobierno simplemente está
difiriendo las malas noticias hacia futuro, para que otro presidente le diga a
los colombianos: “Ese territorio se perdió, lo siento”. Colombia, de hecho, no
acató públicamente el fallo de 2012 pero en la práctica, en el terreno sí lo
hizo. Los barcos de la Armada Nacional han respetado los límites que impuso ese
fallo, y desafortunadamente tendrá que hacerlo con las nuevas directrices que
determine la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Colombia está sintiendo
los rigores del advenimiento del Nuevo Orden Mundial, donde Estados Unidos no
quiere potencias que le hagan pantalla, ni mucho menos posibles potencias
emergentes que obstaculicen su programa de dominio global.
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